La campaña de los DREAMERs - estudiantes sin papeles o con permiso de DACA - quieren que acaben las políticas discriminatorias que prohíben a los estudiantes indocumentados asistir a las cinco mejores universidades de Georgia y permitir la matrícula estatal para todos los estudiantes del estado, independientemente del estatus migratorio. Poner fin a la segregación de la universidad en el estado y hacer todo lo posible para garantizar la igualdad de acceso a la educación superior para todos los georgianos.
¿Por qué es importante abolir la segregación universitaria?
Respuesta de Georgia Dreamers Alliance:
Bajo el pretexto de "[fortalecer] la capacidad del sistema universitario de Georgia para clasificar adecuadamente los alumnos en las instituciones para fines de la enseñanza," la Junta de Regentes aprobó la cláusula 4.1.6, que prohíbe a los estudiantes indocumentados ingresar a las universidades más competitivas de Georgia.
La prohibición, implementada en octubre de 2011, directamente afecta a Georgia State University, Georgia Institute of Technology, la Universidad de Georgia, Georgia College y Universidad Estatal y el Georgia Regents University (Augusta State University y Medical College of Georgia).
La prohibición de la Junta de Regentes discrimina igualmente a los solicitantes calificados para acceder a la universidad basados en el estatus de inmigración. Objetivos de esta prohibición — aquellos estudiantes que aplicarían a las universidades más competitivas del estado — probablemente han superado desafíos sociales y culturales extremos para sobresalir académicamente y han demostrado su potencial ejemplar para sobresalir en las escuelas que actualmente les están negando admisión.
La Junta de Regentes regresa a las universidades de Georgia 50 años atrás en la historia, cuando los estudiantes afro americanos no podían estudiar en las mejores universidades como la Universidad de Georgia y en su lugar fueron rechazados a otros Estados para seguir la educación superior.
En el momento que la prohibición fue aprobada, 29 estudiantes de los cinco planteles afectados eran indocumentados de los aproximadamente 96.650 estudiantes que asisten a las universidades de Georgia incluidas en la prohibición. El número de plazas que abrió la prohibición de la Junta de Regentes, 29, es insignificante. Además, todos los estudiantes indocumentados estaban pagando matrícula de no residente, que cubre más que el costo anual de la educación universitaria. Como resultado; los 29 estudiantes no impusieron ninguna carga de costo a los contribuyentes de Georgia y todo lo contrario, estos estudiantes estaban prestando ayuda a las tarifas internacionales por debajo del costo de la matrícula para los estudiantes pagando el costo estadual.
Basado en las estadísticas y la admisión de la de Junta de Regentes, diferenciando entre ciudadano y estudiantes indocumentados no se acercan para abrir un número significativo de puntos de universidad para los estudiantes con estatus autorizado.
Por lo tanto podemos declarar la cláusula 4.1.6. como una odiosa ley con el único propósito de formalmente de subrayar el sentimiento contra los inmigrantes. Porque la prohibición de la Junta tiene una ténue conección con los objetivos del estado y no logra remediar o la justificación expresa o implícita de la política, que debe ser considerado incompatible con la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos y por lo tanto debe ser anulada.
La prohibición de la Junta de Regentes es una violación flagrante de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, en base a los principios expresados en la Declaración Americana y la Declaración Universal. En violación de las normas consuetudinarias internacionales de derechos humanos, la prohibición de la Junta de Regentes cambia de puesto la base para el acceso a la educación superior de la capacidad individual del estatus migratorio.
Para limitar el acceso de los inmigrantes indocumentados a la educación superior, la prohibición también viola los artículos 26 y 25.1 de la Declaración Universal y el artículo 12 de la Declaración Americana. Esta prohibición es embarazosa en el escenario nacional e internacional.
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