Informe sobre leyes de inmigración

Comunicado consular para beneficiarios mexicanos del DACA

ATLANTA, GA (Consulado) - A los jóvenes mexicanos beneficiarios del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), se les le informa que el pasado 4 de abril el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) difundió una versión preliminar de las formas que habrán de utilizarse y las instrucciones que habrán de seguirse para el proceso de solicitud inicial y de renovación de DACA.

El formato fue resultado de un primer periodo de consultas públicas y estará abierto a un segundo periodo hasta el próximo 5 de mayo. Los detalles definitivos del proceso de renovación y la forma revisada I-821D se publicarán a finales de mayo de 2014. Es importante tomar en cuenta que la forma I-821D podrá utilizarse para presentar tanto una solicitud inicial de Acción Diferida como para la de renovación.

Para la renovación de DACA, no será necesario enviar de nueva cuenta la documentación que se haya presentado con la solicitud inicial de Acción Diferida. Se deberán someter únicamente aquellos documentos que se refieran a procesos de deportación o a cuestiones criminales que no se hayan enviado previamente a USCIS. 

USCIS no aceptará solicitudes de renovación hasta en tanto no se publique la nueva forma I-821D. Tampoco dará trámite a solicitudes de renovación presentadas con 150 días (5 meses) o más tiempo de anticipación a la fecha de expiración de la acción diferida y el permiso de trabajo. Por consiguiente, se recomienda presentar la solicitud de renovación 120 días (4 meses) antes de que expire la acción diferida (La fecha de expiración se encuentra en el anverso del permiso de trabajo y en la forma I-766) 

Para mayor información sobre el tema favor de consultar el siguiente vinculo electrónico: http://goo.gl/htd4Dm o llamar al Departamento de Protección de este Consulado General al teléfono: 404 266 2233, Extensiones 232,233, 234 o 459.

Ley anti-inmigrante de South Carolina bloqueada

Detenidos por estar indocumentados pueden reclamar a la Policía

Charleston, S.C. (4 de marzo, 2014) – Una coalición de los derechos civiles que desafiaron la ley antiinmigrante de Carolina del sur, 69 de la ley (también conocida como SB 20), anunció hoy un acuerdo con el estado que permanentemente bloques disposiciones clave y proporciona límites estrictos sobre las disposiciones de la ley de "discriminación racial". También se celebró el acuerdo por el Departamento de justicia estadounidense, terminando con eficacia dos demandas consolidadas contra 69 de la ley en el estado.

El arreglo propuesto presentado hoy, que está pendiente de revisión por la corte, bloqueará permanentemente las disposiciones que criminalizan las interacciones diarias con los inmigrantes indocumentados, similares a las disposiciones encomendadas permanentemente como consecuencia de los asentamientos en casos similares en Alabama y Georgia. El establecimiento también evitará la aplicación de una disposición que habría impuesto sanciones penales a quienes no logran llevar documentos de inmigración.

Un componente clave de los convenio crea orientación estricta para la provisión de SB 20 mandatos que demandan de la policía "documentos" de aquellos que parecen extranjeros. El acuerdo propuesto incluye un dictamen formal del Procurador del estado, aclarando que la ley estatal no autoriza a las fuerzas del orden para detener a una persona por cualquier período de tiempo para determinar el estatus migratorio.

"El estado ha decidido finalmente poner a descansar a las disposiciones de la ley anti-inmigrante de Carolina del sur, que habría dado a los funcionarios locales más polémica carta blanca para criminalizar a las vidas de los inmigrantes y aquellos que interactúan con ellos," dijo Andre Segura, abogado de Rights Project los American Civil Liberties Unión inmigrantes. "Nos complace especialmente que el estado ha establecido límites claros sobre lo que pueden y no pueden hacer sus oficiales – oficiales no se les permite prolongar paradas o detener personas creían o incluso decididos a ser indocumentado para cualquier propósito. Derechos constitucionales se aplican a todos y nadie está obligado a responder a cualquier pregunta por funcionarios estatales o locales sobre su estatus migratorio".

La Fundación Unión Americana de libertades civiles (ACLU); Mexican American Legal Defense y Educational Fund (MALDEF); El Centro Nacional de leyes de inmigración (NILC); Sur la pobreza Law Center (SPLC) y otros grupos de derechos civiles presentadas la acción de clase de traje, coalición de inmigración bajo país v. Haley, en octubre de 2011.

"Después de casi tres años, este feo capítulo en la historia de los derechos civiles de Carolina del sur finalmente llegará a su fin," dijo Karen Tumlin, fiscal general de NILC. "Establecimiento de hoy hace claro que Carolina del sur, independientemente de donde nacieron, puede vivir libre de temor a que sean detenidos por la policía simplemente para determinar si están en este país sin autorización. Otros Estados puede – y debe – hacer esas aclaraciones en sus propias leyes".

Amy Pedersen, abogado de MALDEF, dijo, "este acuerdo debe girar los esfuerzos de Carolina del sur pasamos defendiendo una legislación en gran medida inconstitucional para asegurar que estatales y funcionarios locales se comprometen las fuerzas del orden no sobre la base del estatus migratorio de las personas, real o percepción, pero en consonancia con nuestro sistema federal de gobierno y preservar la libertad y las libertades individuales".

La demanda cargada que SB 20 sujetos Carolina del sur, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, incautación y registro ilegal e interfirió con autoridad y poder federal sobre asuntos de inmigración. La demanda también afirma que la ley inconstitucionalmente el mandato policía demanda "papeles" demuestra el estado de ciudadanía o inmigración durante paradas de tráfico cuando tienen "sospecha razonable" que una persona no está en el país legalmente y criminalizados Carolina del sur por interacciones cotidianas con personas indocumentadas, como conducir a alguien a la iglesia o alquilando una habitación a un amigo.

"Hoy es una victoria para los miembros de la comunidad valiente que desafió a SB 20 y para los habitantes de Carolina del sur," dijo Michelle Lapointe, abogado de Southern Poverty Law Center. "Hace tres años, Carolina del sur se convirtió en uno de varios Estados del sur que intentó legislar los derechos constitucionales del pueblo lejos. Estamos contentos que las porciones más notorios de esta ley mezquina serán bloqueadas permanentemente, y permanecerá vigilantes y tomará acciones si la aplicación de inmigración viola los derechos civiles".

Abogados en el caso incluyen Segura, Cecillia Wang, Omar C. Jadwat, Justin B. Cox, Lee Gelernt and Kate Desormeau of the ACLU Immigrants’ Rights Project; Tumlin, Linton Joaquin, Nora Preciado, Melissa Keaney, Nicolas Espiritu, and Alvaro Huerta of the National Immigration Law Center; Lapointe, Sam Brooke, Naomi Tsu, and Dan Werner of the Southern Poverty Law Center; Pedersen, Victor Viramontes and Martha L. Gomez, of the Mexican American Legal Defense and Education Fund; Foster S. Maer of LatinoJustice/PRLDEF; Tammy Besherse of the South Carolina Appleseed Legal Justice Center and Susan Dunn of the ACLU Foundation of South Carolina.