ATLANTA, GA (Anibal Ibarra) - Un proyecto de ley, SB 44, con el fin de proporcionar a los estudiantes extranjeros el pago de la matrícula estadual -in-state tuition- en las universidades ha sido introducido en la legislatura de Georgia. Los beneficiarios de DACA, orden ejecutiva del Presidente Barack Obama que legaliza a personas indocumentadas temporalmente, hasta el momento han sido rechazados a inscribirse en varias universidades del estado y en otras deben pagar más, o sea, out-of-state tuition.
La subvención de acción diferida para las llegadas de infancia (DACA) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSA) brinda la misma consideración de quienes son ciudadanos para determinar si cumplen los requisitos para la clasificación dentro del estado. Para fines de matrícula y cargos por el sistema universitario y el sistema de colegio técnico de Georgia los beneficiarios de DACA son legales, pero el gobierno estadual de mayoría republicana luego de dos años continúa discriminando a los estudiantes imponiendo la política de ignorar a la administración del demócrata Obama.
SB 44 es patrocinado por la senadora Nan Orrock, demócrata por el distrito 36, siendo uno de los coautores el senador liberal por el distrito 22 Harold V. Jones II.
El proyecto de ley, de aprobarse, anularía las restricciones impuestas por el Board of Regents, organismo que regula el sistema universitario en Georgia. Obligaría a que los estudiantes bajo la acción diferida de la administración Obama para inmigrantes sean reconocidos. Ese programa concede aplazamientos de deportación temporal y permisos de trabajo a inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos en edad infantil.
El sistema universitario de Georgia bloquea a tales inmigrantes de pagar tasas de matrícula universitaria estadual, que son varios miles de dólares por debajo de las tarifas del estado. En junio, un juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton desestimó una demanda que busca revertir esa política. Los 39 demandantes están esperando una resolución de la corte de Apelaciones de Georgia.
La propuesta de Orrock se enfrenta a un muro de contención en la legislatura de control republicano, dijo que estudiantes brillantes de DACA abandonan Georgia para seguir sus estudios en otros lugares porque no pueden pagar las tarifas del estado aquí.
Aumento de Matrícula
Las autoridades de educación superior argumentan que es necesario aumentar el costo de las matrículas universitarias y combinar instituciones porque no hay suficientes estudiantes enrolados.
Beneficiarios de DACA se han manifestado en contra de las políticas del Board of Regents por años, han sido arrestados, incluso, pidiendo al gobernador Nathan Deal, a los legisladores y al organismo citado para que sean admitidos en universidades como GRU y que puedan pagar matrícula estadual.
Es dinero que se está negando a las instituciones por razones meramente políticas, conforme a activistas por los derechos humanos de inmigrantes.
Antes de combinarse Augusta State University (ASU) y Medical College of Georgia (MCG), los estudiantes indocumentados podían inscribirse en ASU. Cuando se produjo la unión de ambas instituciones, porque MCG se rige bajo la normativa 4.1.6, automáticamente en Augusta los estudiantes DACA ya no pudieron matricularse desde hace 4 años.
La interpretación de la ley por las autoridades de alto estudio en Georgia es que los beneficiarios de DACA no son residentes legales, aunque el gobierno federal lo ordene.
A pesar que el Dr. Ricardo Azziz es oriundo de Uruguay y reconocido como uno de los hispanos más influyentes en Georgia, no ha podido influir para que el Board of Regents cambie su postura. Azziz ha sido el arquitecto de la combinación de ASU y MCG de lo que ahora es conocido como Georgia Regents University.
Azziz fue contratado por el Board of Regents -integrantes nombrados por el gobernador Sonny Perdue y ahora Deal- para liderar la consolidación de GRU.
La posibilidad que SB 44 obtenga los votos necesarios para superar la mayoría republicana en el General Assembly y sobrevivir el veto del Gobernador es mínima, conforme a fuentes legislativas.
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